Se aleja la posibilidad de que Uruguay informe sobre bienes de argentinos

Hace meses que el equipo de Ricardo Echegaray, administrador de la AFIP, está abocado a cerrar un acuerdo de intercambio de información tributaria con Uruguay. Su meta era llegar al verano con el documento firmado para incidir en las inversiones inmobiliarias y bancarias que los argentinos deciden al viajar a Punta del Este. Sin embargo, por ahora, Echegaray deberá contentarse, literalmente, con tirarles los perros a los turistas.
Escoltada por el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, Cristina Kirchner viajará mañana a la noche a Montevideo para asistir a la cumbre del Mercosur, donde el presidente José “Pepe” Mujica le pasará la presidencia pro témpore del bloque. La situación era ideal para formalizar un acuerdo tributario bilateral.

La secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri –junto con su sub, Iván Heyn–, y la de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Nahón, están en la capital uruguaya desde el viernes pero, lejos de abordar el trato con la AFIP, analizan la situación del bloque ante la crisis internacional.

La pulseada de la AFIP con Uruguay por el intercambio de información terminó de torcerse en favor del país vecino cuando el viernes último la OCDE, el “club de los países ricos”, quitó a los orientales de la lista “gris” que los catalogaba casi como paraíso fiscal por no facilitarle datos a la Argentina, según Timerman. México y, luego, Brasil apoyaron a Uruguay en su lucha por desacreditar a la OCDE, que terminó reviendo su sentencia. Esto quita presión a Uruguay para negociar con la Argentina, aseguraron fuentes uruguayas a PERFIL.

Los depósitos bancarios uruguayos rondan los US$ 15 mil millones, de los cuales entre 5 y 6 mil son de no residentes y entre mil y 2 mil millones, de argentinos. Además, los capitales extranjeros en Uruguay en inversiones inmobiliarias y agronegocios representan 2,5% del PBI.

El nudo gordiano de la negociación es que Uruguay exige que se evite la doble tributación, es decir que los contribuyentes puedan optar por tributar en el país vecino. Además, reclama que la información se pida por vía judicial, lo que implica que la Argentina se beneficiaría con el acuerdo.

 

Fuente: Perfil.

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